ZeroComa, el Consejo General del Poder Judicial, y el Consejo General de Colegios de Economistas, reunieron el pasado martes día 5 de octubre a magistrados y economistas en la sede del Consejo General de Colegios de Economistas, para analizar el proceso de implantación de la factura electrónica en el mundo judicial, en las Administraciones Públicas y en las empresas.
En el evento se resaltó la importancia del marco legal en el que se encuentra la factura electrónica en nuestro país, sus ventajas en el ahorro de costes de emisión, envío y almacenamiento, y se recordó también que muy pronto todas las facturas con el Sector Público deberán ser electrónicas.
En el acto, inaugurado por el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa Torner y el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentí Pich Rosell, participaron como ponentes Nuria Orellana Cano, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Cádiz, Santiago Segarra, Leader de Ibdt para el sector público de IBM, Salvador Vilata Menadas, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Valencia, Alejandro Allende, Director de Desarrollo de Negocio de ZeroComa y Raimon Casanellas, Presidente del Registro de Economistas Forenses del Consejo General de Colegios de Economistas.
Valentí Pich, destacó en su intervención el papel relevante y la responsabilidad de las Administraciones Públicas en la implantación de la factura electrónica en la sociedad de la información.
Como conclusión fundamental, cabe destacar que “se trata de un documento totalmente válido desde el punto de vista procesal”, ya que “desde un punto de vista judicial, no hay ningún motivo por el que una factura electrónica o digitalizada de forma certificada con una herramienta homologada por la AEAT, no pueda tener un valor probatorio incuestionable, puesto que hay sencillos mecanismos que permiten comprobar la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido”.
